Publicado en El Deber el 24 de noviembre de 2017

Según el INE, en 2016 circulaban cerca de 1,8 millones de motorizados, que antes de la nueva gasolina, RON (Research Octane Number) 91, podían consumir gasolina Especial de 85 octanos, Premium de 95, junto al Diesel Oil y el Gas Natural Vehicular (GNV). Más del 83% de la demanda de combustibles se concentra en gasolina, el 14% en diesel y el 3% en gas.

La mayoría de los surtidores tiene tanques para almacenar dos o tres tipos de combustible. Esta cuarta opción, los obligaría a realizar inversiones, o dejar de vender alguno de los productos que actualmente tienen. He consultado con un par de dueños de surtidores y ambos han coincidido en que la nueva opción reemplazará alguna de sus actuales ofertas. Es impensable invertir en nueva infraestructura al tener sus comisiones congeladas y soportar, además, el incremento de cargas sociales y salariales. ¿Cuál de ellos será reemplazado por el nuevo combustible que están obligados a tener? ¿El que les deja un mejor margen?

A nivel local, gran parte del parque automotor liviano del transporte público ha migrado hacia el GNV. En ciudades de altura -por las características de combustión- la matriz energética sigue siendo la gasolina. Este es un público consumidor muy sensible al incremento de precios. Lo más probable es que, en esos mercados, la gasolina Especial no desaparezca.

En el país se comercializan, aproximadamente, cinco millones de litros de gasolina Especial por día.  Más del 75% del consumo se realiza en la red troncal: Santa Cruz (35%), La Paz (25%) y Cochabamba (15%). El INE señala que Santa Cruz concentra cerca del 34% del parque automotor, con más de 570.000 unidades.

En automóviles nuevos, con motores con elevada relación de compresión, gasolinas de bajo octanaje pueden producir un cascabeleo generado por la explosión prematura del combustible. Entre quienes consumen gasolina, el 30% son vehículos modelo 2015 en adelante, potenciales consumidores de la RON91.

Los propietarios de autos nuevos viven principalmente en el radio urbano de Santa Cruz de la Sierra, y en mucha menor medida, en La Paz y Cochabamba. Este segmento representa casi el 20% del total de consumidores de gasolina, capaz de absorber un millón de litros diarios. Esta es una razón suficiente para iniciar la introducción de la RON91 en Santa Cruz.

El volumen de ventas del monopolio estatal con nuevos precios tendrá un importante efecto en las recaudaciones del Tesoro General de la Nación (TGN), a través del cobro del Impuesto Específico a los Hidrocarburos y Derivados. Este impuesto tiene una alícuota definida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) incorporada en la estructura del precio final. Lo paga el consumidor, lo cobra YPFB y se lo entrega al SIN. Es un ágil mecanismo de recaudación del TGN, gravado principalmente en el contribuyente urbano, que consumirá un nuevo producto más caro, generando ingresos adicionales, sin reclamos ni costo político para el Gobierno.

Antes que una estrategia de diferenciación de precios -que es como la venden-, es un gasolinazo encubierto. Una maquiavélica medida para recomponer los ingresos fiscales y paliar un déficit público, que podría llegar al 8% del PIB en 2017.

Es también un sinceramiento del precio, sin ser sinceros con quien paga la cuenta. El proceso de cambio está ‘tecleando’. La simbólica frase de la campaña de Clinton sirve para nuestro caso: “It’s the economy, tupid”.

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