Publicado en El Deber el viernes 2 de julio de 2021

Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cada segundo dos personas cumplen 60 años. Me he cronometrado leyendo esta columna (3300 caracteres) y me toma 3 minutos y medio hacerlo. Después de los 210 segundos, en los que ustedes leerán este artículo, habrán 420 nuevos sexagenarios en el mundo. En la actualidad, una de cada nueve personas tiene 60 o más años de edad. Se prevé que para 2050 la proporción será una de cada cinco personas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Bolivia presenta todavía una estructura de población relativamente joven, con una edad media de 27 años. Al 2019, el 30,7% de la población, pertenecía al grupo de menores de 15 años; el 27,3% de 15 a 29; el 32% eran adultos; y el 10% adultos mayores (más de 60 años). Es decir, más del 58% son jóvenes, niños y adolescentes.

El país atraviesa una transición demográfica que debe saber aprovechar para impactar favorablemente en las condiciones económicas de toda su población. La tendencia para las próximas décadas es el aumento de la edad media debido a un bajo crecimiento poblacional y la reducción de tasas de mortalidad y fecundidad. Los jóvenes tendrán menos hijos que sus padres y las condiciones económicas, sociales y de salubridad incidirán en esta transición demográfica. Para 2050, los adultos mayores bolivianos duplicarán su participación, llegando al 20%. Además, la esperanza de vida se ha ampliado a los 72 años.

Las proyecciones demográficas son contundentes al mostrar que la pirámide poblacional sigue la tendencia de reducir su base mientras que continúa el crecimiento, tanto en el centro como en la parte alta, situación que refleja el incremento de las personas de la tercera edad. Se entiende que, en las circunstancias actuales, lo urgente relega a lo importante. Sin embargo, si no se promueve la formalidad en el empleo y las actividades económicas privadas que aporten a sostener los sistemas de pensiones y los servicios públicos de salud y educación, en algunas décadas más, toda la estructura estatal podría ser insostenible.

Las políticas públicas deben orientar sus esfuerzos en beneficio de las personas mayores, garantizando sus derechos sociales en temas como salud, nutrición, protección, vivienda, seguridad económica, empleo, educación, familia y bienestar social. El artículo 67 de la Constitución Política del Estado reza que: “todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana”. Sin embargo, más allá de los enunciados líricos del texto constitucional, la realidad muestra que este sector de la población está indefenso, vulnerable, excluido, desprotegido y desatendido.

El crecimiento, ahorro, inversiones y consumo en un territorio tiene relación directa con las edades de su población. En términos económico-demográficos, este es el mejor momento para aprovechar que la población actual se integre a circuitos formales de tributación y participación que permitan financiar los inevitables cambios en el largo plazo. Así como en el resto del planeta, en Bolivia el ritmo de envejecimiento será también cada vez mayor. Esta es una de las transformaciones sociales más significativas del presente siglo.

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