Publicado en El Deber el viernes 22 de julio de 2022

Acribillan con once disparos a un brasileño a la salida de un local nocturno, en la avenida Los Cusis de Santa Cruz de la Sierra; sicarios matan a tres policías en el Urubó —municipio de Porongo—, un cuarto huye en una moto y el supuesto autor intelectual, dueño de una gran estancia en Guarayos, se entrega a las autoridades, luego de un periplo en avioneta por el Beni; en Ivirgarzama ocurre un triple asesinato, dos con impacto de bala y otro con un corte en la yugular, los cadáveres estaban dentro de un vehículo en la comunidad Villa Victoria de Cochabamba; desaparece una persona y un piloto, a 350 km de Asunción, en pleno chaco paraguayo, aparece una bolsa negra con restos descompuestos y un mensaje en guaraní con el nombre de uno de ellos, “¿y dónde está el piloto?”, no se sabe mientras escribo estas líneas; un homicida, narcotraficante sentenciado y prófugo de la justicia argentina, alias “el chapo Guzmán del cono Sur”, estuvo viviendo aquí con nueva identidad y un rostro modificado por la cirugía plástica. Todos estos tétricos y macabros hechos, que han ocurrido en los últimos meses, tienen en común que las pistas que van dejando apuntan al narcotráfico como el origen y causa de sus trágicos desenlaces.

Si ustedes le quitan los lugares de cada caso —que he puesto a propósito—, podría pensarse que estamos hablando de México o Colombia, países jaqueados por el narcotráfico, donde ya pocos se escandalizan por las muertes cotidianas y el crimen organizado tiene perforado el poder político. Pero, no, estoy hablando de Bolivia, donde también hay regiones en las cuales las autoridades policiales, fiscales y jueces tienen restringidas y controladas sus funciones y atribuciones públicas; donde supuestas organizaciones sociales, de productores del principal insumo de la droga, tienen representación en instancias parlamentarias y ejecutivas, como en los viejos y gloriosos tiempos del temerario y legendario Pablo Escobar.

Alguna autoridad, despistada o cómplice, insiste en negar que carteles internacionales del narcotráfico han penetrado a diferentes instituciones del Estado. El presidente Arce, en la posesión del actual comandante de la policía (ya perdí la cuenta cuántos “nuevos comandantes” hemos tenido en el último tiempo), señaló que “algunos malos jefes policiales, encandilados por el dinero fácil y el enriquecimiento rápido, han sido cooptados por bandas delincuenciales que operan en nuestro país” y demandó “una profunda reconstrucción de la fuerza antidroga”. El expresidente y líder cocalero, en una acción política —confusa y medio turbia—, reveló un audio en el que se ordenaba abortar un operativo para desmantelar un megalaboratorio de droga. Miembros del propio partido político de gobierno denuncian financiamientos de candidaturas y apoyos en campañas electorales de personas con antecedentes vinculadas al tráfico de drogas.

Que no lo queramos ver, que no nos convenga admitir, que se haya perdido el control, que seamos cómplices o permisivos con sus acciones, que la economía que genera nos beneficia y mitiga la crisis… es polvo de otro costal. El polvo blanco, la cocaína, está presente en los más recónditos intersticios de la estructura social de este país surrealista.

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