Todos los días, al conducir desde mi domicilio hasta la oficina —y también a mi retorno—, encuentro y saludo a decenas de ciudadanos que habitan las calles de Santa Cruz de la Sierra, pidiendo limosnas en los semáforos de las principales intersecciones de la urbe. Los hay ancianos andrajosos, jóvenes con algunas deficiencias físicas o en sillas de ruedas, no videntes con sus lazarillos, niños desnutridos, consumidores de clefa, enfermos con un letrero explicativo en la mano e incluso una anciana que apenas cubre su cuerpo con bolsas plásticas de basura.
Junto a estos desamparados indigentes, otro gran grupo compite por las monedas de los conductores, ofreciendo —casi como una imposición— limpiar los vidrios de los automóviles o vendiendo baratijas por algunos centavos. Sumado a estos, un tercer contingente se ha apropiado de algunas aceras para cuidar los autos de posibles robos de partes y piezas, y es agresivo con quienes osan invadir su conquistado territorio. Un numeroso ejército de personas —“en situación de calle”, dirían los entendidos— que sobrevive, bajo el sol, la lluvia, el viento, el frío o el calor, en condiciones de extrema pobreza y alta inseguridad.
A pesar de que cada uno de estos grupos tiene sus rasgos y particularidades, todos ellos tienen en común que viven en los márgenes de una colectividad insensible que los ignora, estigmatiza, excluye y, en algunos casos, les teme. Que niños, ancianos y desvalidos ‘trabajen’ en las calles de nuestras ciudades es una muestra del fracaso de un Estado que no protege a sus ciudadanos más vulnerables.
De vez en cuando, se escuchan algunas voces aisladas de organizaciones no gubernamentales, e incluso de organismos estatales, con acciones que buscan paliar en algo este creciente drama social. Sin embargo, no ha habido todavía una política pública seria y sostenida que busque resolver el problema en su integridad. Según cada caso, es necesario alojar, sostener, alimentar, prevenir, rehabilitar o reinsertar a esta población a la sociedad. Políticas asistencialistas, a favor de estos frágiles sectores sociales, es un camino a seguir. La impavidez de las autoridades locales y nacionales —y de la propia población—, frente a la desgracia e infortunio de sus vecinos, es insostenible y vergonzosa. En muchos de los casos, y ante la falta de oportunidades de trabajo digno, la delincuencia se presenta como una equivocada y riesgosa salida de sobrevivencia.
Dada la penosa radiografía de nuestra pobreza, que el Gobierno dedique tiempo, equipos, helicópteros, fondos públicos, recursos materiales y el esfuerzo de miles de funcionarios públicos obligados a levantar un kilométrico y pesado trapo azul —como símbolo de una centenaria reivindicación nacional—, no solo es un insulto, es una vergüenza que debería tener cárcel.
He leído que las 70 toneladas del ‘banderazo’ (196 km) serán guardadas junto a las dos toneladas (104 km) de la inútil carta escrita en 2005. Las polillas son las únicas que tienen asegurada su subsistencia en los próximos años.
¿Se pueden ustedes imaginar todo lo que se podría haber logrado, si los recursos dilapidados y las 100.000 personas, en lugar de agitar una tela en medio del altiplano, dedicaban la jornada a una minga a favor de sus vecinos indigentes?

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