Publicado en El Deber el viernes 4 de octubre de 2019

El cabildo es una instancia de consulta popular y tradición histórica en Bolivia. La Ley No. 026, del Régimen Electoral, sancionada el 30 de junio de 2010 por el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, en sus artículos 35 y 36 señala: “Las Asambleas y los Cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales las ciudadanas y ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo. La Asamblea y el Cabildo tienen carácter deliberativo, sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda. Las Asambleas y los Cabildos se originan por iniciativa de las ciudadanas y ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. La convocatoria a una Asamblea o Cabildo, por parte de sus promotores, deberá incluir claramente el propósito de la iniciativa y su agenda”.

En el caso particular de Santa Cruz, este mecanismo constitucional ha sido de vital importancia para la definición de diversos hitos históricos: la fundación de la propia ciudad de Santa Cruz de la Sierra (1561), su traslación y unificación con San Lorenzo (1621), su rebelión contra la corona española (1810), la elección de Andrés Ibáñez como prefecto (1876), y muchos otros momentos, hasta el gran “cabildo del millón” (2006), donde se exigió la inclusión de las autonomías departamentales en la Constitución que se estaba redactando. Empero, el texto final de la Asamblea Constituyente mutiló la esencia de lo que se había aprobado.

Al momento en el que escribo este artículo, no se tienen todos los temas que serán puestos a consideración en el cabildo del viernes 4 de octubre. Se habla de la elaboración de una nueva ley de tierras que contemple la dotación y asignación a las instancias departamentales, de la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitania y de la defensa del resultado del voto en el referendo del 21F, entre otros temas.

Siempre he tenido mis reparos con relación al rol del Comité Cívico y su naturaleza corporativa, de representaciones institucionales poco democráticas. Y peor aún, cuando en muchas ocasiones, ha cobijado a un ente juvenil con claras manifestaciones violentas y fascistas. Pero, nadie puede negar que sin la presencia del Comité, muchas de las aspiraciones, reclamos y conquistas regionales frente al andinocentrismo —tan arraigado en el país—, no hubiesen sido posibles. Los líderes actuales enfrentan un reto mayúsculo frente a un gobierno que no respeta la voluntad popular expresada en las urnas el 21F y que pretende prorrogarse en el poder por encima de la decisión soberana del pueblo en un referendo vinculante.

Quizás, por el tamaño poblacional actual y las complejidades de una consulta de este tipo, el mecanismo y sus resultados me parecen un tanto obsoletos y engañosos. Sin embargo, mi indignación me obliga a estar presente en este histórico cabildo. Yo quiero que mis hijos y mi nieta puedan vivir en libertad, democracia y progreso sustentable y solidario. Frente a la tiranía, las calles son la única salida para evitar que “los abogados arreglen”.

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