Publicado en El Deber el viernes 11 de octubre de 2019

En la recta final de esta campaña electoral, en las tertulias con amigos o familiares, una de las infaltables preguntas es por quién convendría votar. El voto, como se sabe, es secreto y personal. Nuestro sistema electoral, de sufragio manual, garantiza que nadie pueda influir o conocer por quién votamos. El llamado “cuarto oscuro”, que es un recinto dispuesto para la privacidad a la hora de votar, permite que nuestro voto sea libre, incondicionado y secreto. La violación a este derecho es un delito, así como delito es no respetar la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Con argumentos, ejemplos y datos concretos, quiero señalar porqué no votaré por Morales.

En primer lugar, la candidatura de Morales es inconstitucional. Quien atropella la voluntad popular, expresada en un referéndum, vulnera la institucionalidad democrática y muestra —con soberbia y torpeza—, su carácter autoritario y dictatorial. Bastaría señalar esta única razón, para explicar porqué no votar por un candidato “trucho”. Pero, como los “abogados arreglan”, tengo un largo listado de razones para no votar por él.

Se nos ha hecho creer que, fruto del plan de gobierno —de rimbombante nombre: Modelo Económico Social Comunitario Productivo—, hemos alcanzado un crecimiento promedio de 4,9% en los últimos años. La realidad es que ese crecimiento se debe al incremento de las rentas. Una parte, explicada por la bonanza externa y los altos precios internacionales de nuestros principales productos de exportación. Y la otra, por el aumento de la demanda interna producto de una desquiciada inversión estatal y un dispendioso gasto público. El costo financiero de estas irresponsables políticas ha generado un alto déficit fiscal, la reducción de las reservas internacionales y un aumento de nuestro endeudamiento externo. Las RIN del 2019 son casi las mismas que el 2008, pero debemos cuatro veces más. Al contrario de lo que se pregona, se ha perdido la oportunidad para sentar las bases de un desarrollo económico sostenible, que no se repetirá en décadas.

Una buena parte de la inversión estatal se destinó a proyectos públicos sin retorno económico ni social y de altos costos de mantenimiento. Se crearon empresas estatales deficitarias, que generarán futuros conflictos sociales, porque están predestinadas a cerrarse. Elefantes blancos subvencionados, muchos de ellos con claros sobreprecios, en los que se malgastaron nuestra plata. Como ejemplos paradigmáticos del despilfarro: los aeropuertos de Ixiamas, Copacabana, Apolo y Chimoré, el museo de Orinoca, la deficitaria empresa Cartonbol, la sede del parlamento de Unasur, entre otro centenar de disparates. Se dilapidaron recursos en lugar de mejorar los desastrosos servicios de salud, educación y saneamiento básico.

La frágil independencia de poderes ha sido desbaratada totalmente. El partido de gobierno utiliza la justicia para amedrentar y neutralizar a sus opositores. Al tener una administración de justicia intervenida y sometida por el poder político hay pocas posibilidades de controlar la creciente corrupción gubernamental.

Me falta espacio para seguir anotando los errores, descuidos, omisiones, negligencias y delitos de la actual administración, quizás la primera razón sea suficiente: no votaré por alguien que ha traicionado la fe del ciudadano. Este sí es mi derecho humano.

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