Leí por ahí que “solo existen del todo las historias, si alguien las escribe”, eso es lo que —a cuatro manos—, Roberto Navia y Marcelo Suárez, han logrado con este libro, escribir algunas de las historias que los bolivianos hemos vivido en los últimos años, para que existan, y puedan ser leídas entre las generaciones por venir.

Si bien, las crónicas, los testimonios y el detallado relato periodístico del libro hacen referencia a los pormenores del fin del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), es necesario recordar que este proyecto político llegó al poder un 22 de enero de 2006, en un país que estaba convulsionado y al borde del abismo.

Juan Evo Morales Ayma —de rostro y raíces originarias— fue recibido con esperanza e ilusión porque se mostraba como una alternativa distinta, frente a los partidos políticos tradicionales que habían estado en el poder desde el 10 de octubre de 1982, cuando se recupera la democracia, proscrita durante un largo período de gobiernos militares.

Sin embargo, lo que parecía un proyecto inclusivo, empoderado por la gente, que se presentaba como un esfuerzo concertado con varios sectores de la población —los llamados movimientos sociales—, terminó convirtiéndose en un proyecto totalitario, hegemónico, arbitrario y tiránico. Una élite palaciega se apoderó del proyecto para sus propios fines, excluyó a una buena parte de su militancia y ejerció un liderazgo soberbio y vertical.

En los primeros años, el enamoramiento con el discurso de la “revolución democrática y cultural” se vio reforzado por una ola externa de precios favorables de nuestros productos de exportación, que permitió implementar políticas redistributivas e inundar de inversión pública el país, sin mayores criterios técnicos, de sostenibilidad o de visión a largo plazo.

El partido de gobierno, inscrito en el socialismo del siglo XXI —una versión criolla del marxismo—, se dedicó a cooptar los órganos públicos, a violar los derechos políticos y a usar, abusivamente, los recursos estatales. El MAS no respetó el texto constitucional, que ellos mismos aprobaron, y se convirtió en una patética expresión de un populismo autoritario, corrupto, derrochador e ineficiente.

Ineficiente para el interés de los bolivianos, pero muy eficiente para el provecho de una cúpula política, en complicidad con algunos grupos empresariales que, más allá de su origen étnico, vivieron un auge económico en los agronegocios, el contrabando y como proveedores del Estado. Prebendas, concesiones, evasiones y negociados fueron parte del manual de enriquecimiento para favorecer a sus compinches.

Morales, además de ser presidente del Estado, era presidente de los productores de coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Esta peculiar —para no decir sospechosa— doble función, permitió que se concedieran insólitas preferencias con esa región, que se hicieran inversiones públicas sin un sustento técnico-económico y que la relajada lucha contra el narcotráfico estuviera envuelta por un oscuro manto de influencias, afectos, compadreríos y complicidades.

Ningún gobierno democrático, en toda la historia del país, tuvo tantos ciudadanos refugiados, asilados o viviendo en la clandestinidad, producto de la judicialización de la política. Hemos vivido sombríos períodos inquisitoriales de criminalización de la justicia que destruyó centenares de parejas, núcleos y patrimonios familiares.

La escasa eficiencia en la administración de la cosa pública se contrastaba con la eficacia usada para idealizar al caudillo y rendirle culto a su personalidad. Desde los primeros días de gestión, se buscó construir un mito alrededor de la imagen de Morales, con una colosal estructura mediática —interna y externa—, que promovía una trama de falsedades y mentiras.

Como se ha comprobado, a la caída del régimen, no solo se armó una poderosa maquinaria de propaganda con medios de comunicación y recursos estatales (prensa, radio, televisión y “ciberllunkus” o guerreros digitales), sino también se copó algunos medios de comunicación privados, a través de chantajes, amenazas y/o juicios tributarios. Y a los que, de milagro, pudieron permanecer independientes, se los asfixió reduciendo o eliminando la pauta publicitaria gubernamental.

Futuras investigaciones periodísticas, policiales y judiciales permitirán revelar que el engaño, la manipulación, la tergiversación, el invento y la relativización de la verdad fueron una marca indeleble de estos casi catorce años de oscurantismo.

A pesar de los esfuerzos de construcción sociológica, de quien se proclamaba “reserva moral de la humanidad y máximo defensor de la Pachamama”, sus acciones y las de sus correligionarios, gritaban lo contrario. La cruenta y abusiva intervención a la VIII marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); junto al millonario desfalco, los proyectos fantasmas y la inmunda corrupción en el manejo del dinero del Fondo Indígena, fueron suficientes para enlodar la base social del MAS y hacer añicos la imagen edulcorada e idealizada de su líder.

El inicio del fin del ciclo de Morales tiene una fecha: 21 de febrero de 2016 (21F). Ignorar los resultados plebiscitarios y pretender eternizarse en el poder, desoyendo la voluntad del pueblo en las urnas, fue la chispa que encendió el calcinador fuego que terminó provocando su huida.

Con una oposición famélica, desconcertada y asediada; y una institucionalidad controlada por el gobierno, la democracia en Bolivia estaba a punto de desfallecer. El 21F marca el inicio de una insurgencia democrática que, con esfuerzo, paciencia y tesón, se organiza y autoconvoca para hacer respetar su voto y emerge una rebelión ciudadana contra el poder.

La génesis de la revolución de las pititas, que posteriormente encabezarán los movimientos cívicos, nace de la heroica sociedad organizada en diferentes expresiones, en las que las mujeres y los jóvenes eran notoriamente mayoritarios.

Si el desconocimiento del resultado del 21F fue la chispa del inicio del fuego democrático, la deplorable e insensible gestión gubernamental en los incendios del bosque chiquitano terminaron de atizar las llamas que buscaban libertad.

En uno de los más graves desastres ecológicos sufridos por la región en la última década, Morales se aplazó como bombero, con una respuesta tardía e indolente. La devastación en la Chiquitania fue uno de los elementos cohesionadores que explican la contundencia del paro cívico.

Además, esta vez, el poder se metió con la generación equivocada. La juventud actual tiene una mayor conciencia ecológica que las generaciones precedentes. Los jóvenes valoran de sobremanera a los animales, la naturaleza, la riqueza forestal y están consternados por haber heredado un mundo acosado por una crisis climática de imprevisibles consecuencias.

Por último, frente a un pueblo indignado, Morales se atrevió a cometer el peor fraude de la reciente historia democrática boliviana, y pensó que podría burlarse, una vez más, de la voluntad popular. Las llamas de descontento no se apagarían sino hasta veintiún días después, cuando un avión extranjero lo tuvo que sacar del país y, luego de su partida, la sucesión constitucional resolvió el vacío de poder.

La renuncia y huida de Morales fue producto de una ejemplar resistencia democrática, pacífica y masiva, protagonizada por la mayoría de los bolivianos en defensa del voto y por la recuperación de una democracia capturada y vapuleada por un gobierno autoritario a lo largo de catorce años.

La revolución de las pititas fue una movilización ciudadana, no en contra de una persona, sino en defensa de la democracia y la libertad de todos los bolivianos. Se probó en las calles que, un pueblo unido y solidario, con estrategias de lucha no violenta y tácticas de resistencia pacífica, es capaz de doblegar cualquier tiranía. El vaivén de las pititas es el símbolo de un país libre y democrático.

Se comprobó también que los cabildos fueron el ágora de la participación directa de la ciudadanía. Al ser un instrumento social constitucionalizado, los líderes cívicos legitimaban sus iniciativas y acciones en directa consulta con sus vecinos. Estos espacios de democracia ciudadana participativa permitieron un reencuentro social inédito de bolivianidad. Como pocas veces en la intrincada historia de Bolivia, las calles de nuestras ciudades se vistieron de rojo, amarillo y verde.

En 1982 se vivió una transición de la dictadura militar al régimen civil y constitucional. En este 2020, enfrentamos a una segunda transición que busca restablecer el Estado de derecho y reconstruir la institucionalidad republicana.

El gobierno que sucedió al régimen de Morales, a la cabeza de Jeanine Añez, tiene la delicada misión de llamar a elecciones limpias e imparciales que permitirán reencauzar y reconstruir nuestro sistema democrático y su institucionalidad.

El devenir de esta historia está por escribirse. Si bien hay una sensación de alivio y esperanza por todo lo conseguido, el humo y la bruma que dejó este incendio autocrático nos hace respirar dudas e incertidumbres sobre cómo nos proyectaremos hacia el futuro. Existe también un deseo colectivo de descubrir nuevos liderazgos, frente al temor de retornar a viejos esquemas y amenazas de retrocesos.

El paso del autoritarismo a la democracia demandará un nuevo equilibrio de poder y un reacomodo de las fuerzas sociales y políticas. Además de la irrupción de nuevos actores, se podría dar un desplazamiento territorial del centro del poder. Frente al aparente fracaso del Estado Plurinacional, con autonomías departamentales, se tienen que discutir y evaluar nuevas formas de administración y gestión pública. Una mayor descentralización del poder en el país podría generar condiciones favorables para debatir un proceso federal.

Se han conquistado derechos colectivos, culturales y de pertenencia que no se pueden desconocer. Sin embargo, todavía la plurinacionalidad no se la siente en las calles ni en sus ciudadanos. La polarización persiste. Es necesario reconocer y aceptar al otro. No terminamos de vernos como iguales en la diferencia y no nos respetamos en la diversidad. Nuestra cultura democrática es todavía endeble. Necesitamos procesos largos, continuos y permanentes de convivencia ciudadana dentro de una cultura de paz y reconciliación entre bolivianos.

Entre los principales retos de esta reconstrucción están: restablecer la independencia de poderes de los órganos del Estado; diseñar un sistema meritocrático para elegir nuevas autoridades en el órgano judicial; apostar a la calidad, y con mayores presupuestos, para los servicios públicos de educación y salud; y generar condiciones económicas, legales y tributarias para emprendimientos que ofrezcan empleos a los más jóvenes.

Sin volver al neoliberalismo, se debe explorar un modelo económico que supere el actual extractivismo rentista y el ineficiente y corrupto capitalismo de Estado con empresas deficitarias y poco competitivas. Las políticas públicas deben apuntalar las capacidades productivas de la gente para generar riqueza a partir de sus potencialidades, siendo más creativos y generando más valor que la sola apuesta a las tradicionales exportaciones de recursos naturales.

Las crisis son parteras de grandes cambios, este 2020 puede ser un punto de inflexión que traiga nuevas y mejores oportunidades para un pueblo valiente que acaba de atravesar una epopeya más en su sufrida historia.

Después de lo vivido, cuando —a voz en cuello—, se le pregunta a un boliviano: “¿Quién se rinde?”, su respuesta, sin titubear, será: “¡Nadie se rinde!”.

 

*Epílogo del libro “Nadie se rinde. Una epopeya boliviana”.

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