Publicado en El Deber el viernes 22 de octubre de 2021

El proyecto de ley que la sociedad civil dejó trunco (en las calles) forma parte de un conjunto de leyes que hacen una estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, con la que todos los ciudadanos de bien deberíamos estar de acuerdo. Y con seguridad, forma parte de tratados, imposiciones, obligaciones y convenios internacionales que emanan del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y otros organismos internacionales relacionados al tema.

Sin embargo, a mí, en ese proyecto de nombre largo (“Contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”) lo que me llamó la atención fue la última parte, la cola del proyecto: “las armas de destrucción masiva o no convencionales”.

Admito que esa denominación la había escuchado —por primera vez—, en boca del presidente estadounidense, George Bush Jr., cuando la utilizó como principal argumento y justificación para invadir Irak en 2003 y derrocar a Saddam Hussein. Después se comprobó que tales armas de destrucción masiva nunca existieron —un detallito menor, entre sus muchas chambonadas—, pero ese ya es otro cuento.

¿Qué son las armas de destrucción masiva?: “son armas capaces de eliminar a un número muy elevado de personas de manera indiscriminada y causar grandes daños económicos y medioambientales”, dice una resolución del CSNU.

De acuerdo a su constitución y composición, pueden ser: nucleares, biológicas y químicas. Para dar ejemplos concretos: bomba nuclear, napalm, arma de sensores fusionados, bomba termobárica, gas sarín, misil balístico intercontinental, gas VX, ántrax, munición de uranio empobrecido, minas antipersonas, bombas de racimo, entre otros. Está claro que la proliferación de armas de destrucción masiva supone una grave amenaza para la paz y seguridad internacional. Los Estados deben proteger a su población evitando que grupos terroristas o criminales tengan acceso a estos materiales de alta e indiscriminada letalidad.

Dándole una vuelta a lo dicho por la ONU, y fijándome —otra vez—, solo en la cola de su definición (“…causan grandes daños económicos y medioambientales”), habría que revisar la constitución y composición de estas armas. Quizás en ese listado de ejemplos concretos se podrían incluir a otros actores que, por sus acciones o inacciones, son también de alta e indiscriminada letalidad. Se me ocurren varios nombres y sectores que, en esta nueva visión, calzan perfectamente como armas de destrucción masiva porque están aniquilando la esperanza y la ilusión de mejores días de millones de bolivianos, causando grandes daños económicos y medioambientales. ¿Habrá alguna ley concreta para controlar su proliferación? ¿Contra estas armas, quién podrá defendernos?

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s