Publicado en El Deber el viernes 29 de octubre de 2021

La ley boliviana, con todas sus imperfecciones, en el artículo 266 del Código Penal dice: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto no se aplicará sanción alguna siempre que la acción penal hubiere sido iniciada”. La norma añade que “tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios”.

Frente a este último abominable y desalmado abuso sexual, a una niña de apenas 11 años, el Estado no tiene que hacer otra cosa que cumplir la ley que, supuestamente, está ahí para proteger a sus ciudadanos de las perversiones de violadores, pedófilos y sociópatas.

La Iglesia católica, dados los múltiples casos de pedofilia entre sus miembros, es la menos indicada para opinar en este asunto. Todas las intervenciones, comentarios y acciones de la sociedad civil, que en estos casos extremos, muestra un nivel de hipocresía y doble moral que raya en la locura, deben dejarse de lado y proteger la vida y el futuro de esta niña que, no solo no tiene la madurez física para llevar adelante un embarazo sin arriesgar su integridad y salud corporal; y menos aún, la madurez emocional para asumir una impensada maternidad que le recordará el abuso del que fue víctima el resto de sus días.

El entorno más íntimo de un expresidente nuestro, convivió y pasó por alto una manifiesta perversión que, incluso, él mismo se jactaba de practicarla. A la luz de costumbres ancestrales, herencias culturales y aceptación social, hemos estado naturalizando la pedofilia. No podemos naturalizar la violación y sus atroces consecuencias. La violación es un abuso cruel sin reparación completa posible. Por lo mismo, no se puede seguir violando y sacrificando, de por vida, a quien ya fue víctima de una iniquidad.

Resulta fácil y cómodo opinar y juzgar desde lejos. ¿Qué haría usted si la violada y embarazada —una inocente niña—, fuera su hija o su nieta? ¿Cuántos casos no llegan a la justicia porque, justamente, esa justicia es la que falla y en la que no confiamos? ¿Si usted no dispone de los recursos para resolverlo por su cuenta, el Estado y sus mecanismos judiciales, ayudan a cumplir lo que señala la ley? ¿Si es el propio núcleo familiar el que no ha sabido proteger a una menor, confiamos en que lo haga la Defensoría de la niñez y adolescencia? ¿Hay alguien que todavía confía en la justicia boliviana? ¿Está usted seguro que este violador, o cualquier otro que no conocemos, será verdaderamente privado de libertad o convivirá en la impunidad a la que nos estamos acostumbrando? ¡¿Hasta cuándo?!

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