Publicado en El Deber el viernes 21 de octubre de 2022
De casualidad, vivo a pocos metros de una de las intersecciones viales en las que, con altísima frecuencia, ocurren accidentes de tránsito. Cada vez que se siente un golpe seco, antecedido de un alarmante chirrido de frenos, ya sabemos que en pocos minutos aparecerán por la zona una, dos y hasta tres ambulancias que ensordecerán la tranquilidad del barrio con el punzante y angustioso barullo que producen sus sirenas y nos enceguecerán con sus centelleantes luces de colores.
Si años antes había que preocuparse por la lentitud de la llegada de auxilio y socorro médico para atender accidentes, en la actualidad hay que preocuparse que las veloces ambulancias no colisionen entre sí para adjudicarse el traslado de los heridos donde el que llega primero, gana. Esa parece ser una regla no escrita en la feroz competencia de estos equipos de rescate que aterrizan raudos al “lugar de los hechos”, para usar la jerga policial.
Hay servicios de ambulancia públicos, pero los que están “ojo al charque” y atentos al llamado de algún bien intencionado vecino o solicitados por la propia policía, son equipos privados y que manejan una tarifa de precios, más o menos estándar, regulada por el mercado.
Estuve en el SEDES Santa Cruz (Servicio Departamental de Salud) para recabar mayores datos sobre el tema. Los personeros del Centro Coordinador de Emergencias en Salud Departamental (CCES-D), dependientes del SEDES, son los encargados de inspeccionar y verificar —anualmente—, que las ambulancias cuenten con cada una de las especificaciones técnicas obligatorias de acuerdo a la “Norma Nacional de Ambulancias Terrestres”, establecida por el Ministerio de Salud y Deportes.
Asimismo, y con el objetivo de garantizar una asistencia de calidad para la población en general, el SEDES coordina con la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Boliviana para ordenar el funcionamiento de estos vehículos de auxilio médico y atención pre hospitalaria que gozan de prioridad para circular por las calles de la ciudad.
Las ambulancias en Sucupira son un excelente caso para ilustrar las diferencias, ventajas y competencias de lo público y lo privado: los seguidores de que el Estado debe ser el único que preste este tipo de servicios a la población, me los imagino sentados o tirados sobre las losetas, desangrándose hasta morir, en una inútil espera que, si llega, será tarde, mal y nunca. La gestión pública, en cualquiera de sus niveles y formas, ha demostrado en todo el planeta que es ineficiente y cara. “Lo que es de todos, es de nadie”.
Por el contrario, los entusiastas partidarios del mercado y la gestión privada, pueden verse sometidos a una sanguinaria competencia de operadores que intentarán despellejarlos con tarifas, servicios y remedios innecesarios para sonsacarles todo lo que el seguro pueda pagarles (SOAT y otros), las comisiones que las clínicas les ofrezcan para recibir pacientes y otros beneficios adicionales.
En este caso, como en otros, la solución está en la combinación de los dos ámbitos. El Estado, a través de los organismos públicos establecidos por ley, debe ser quien regule, ordene y controle el servicio de los operadores particulares velando por la salud de la población, la calidad en la atención y un control de las tarifas de este servicio de emergencia que puede prestarse a la especulación y el abuso.
Alfonso Cortez 