Publicado en El Deber el 14 de julio de 201

En muchas ocasiones, los dichos populares están cargados de prejuicios y falsedades, y los repetimos sin siquiera pensarlos.  Su procedencia y autoría son anónimas y suponemos que la acumulación de conocimientos empíricos les otorga cierta credibilidad.  La otra noche, en una charla entre amigos, escuché este adagio boliviano que tiene esas características: “Cuídate de la mujer chilena, del amigo peruano y de la justicia boliviana”.  En mi experiencia personal, puedo dar fe, con la mayor seguridad y firmeza, que las dos primeras partes son totalmente falsas y agravian gratuitamente a los sujetos señalados en el infeliz proverbio. Sin embargo, la última parte es una sentencia fatal e inapelable.  La administración de justicia en Bolivia es un verdadero cáncer que hace estragos en la sociedad.  El desdichado ciudadano que, por cualquier motivo, resbala en esa podredumbre, padecerá un calvario que marcará su vida y difícilmente saldrá indemne.  La noticia de un hombre inocente, sentenciado y condenado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, es apenas una de las miles de historias que guardan los putrefactos legajos en los juzgados.

Bolivia, según un estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Vanderbilt University), tiene el más alto porcentaje de población que ha sido víctima de la Policía por corrupción. Entonces, el propio origen de las investigaciones y pericias nace contaminado y descompuesto.  Los otros eslabones corruptos, con muy pocas y contadas excepciones: abogados litigantes, secretarios, asistentes, procuradores, fiscales y jueces conforman una estructura perversa sumergida en una profunda crisis estructural ética y moral. Como cereza de la torta, la calamitosa injerencia, manipulación y control del Órgano Ejecutivo sobre el judicial irrespetando la independencia y separación de poderes. El negocio de la ‘justicia’ solo beneficia a sus administradores.  Este engendro está podrido hasta en sus entrañas.

Cualquier reforma que se quiera llevar adelante tendrá un resultado estéril, como lo hemos visto en la última década. La nueva elección popular de jueces es la crónica de un fracaso anunciado, costeada por nuestros bolsillos. Me adhiero a la propuesta de que el presidente -como si de una guerra se tratara- convoque de manera urgente y con un presupuesto acorde a los mejores y más probos abogados del país para ser parte de una cúpula que lleve adelante un proyecto de refundación del sistema judicial y termine de sepultar al nauseabundo y atroz sistema actual.

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