Publicado en El Deber el 6 de abril de 2018

Con sus 19 pisos, en más de 100 metros de altura, sigue siendo uno de los edificios más altos de Santa Cruz de la Sierra. Algunos lo llaman la ‘casa del jabonero’ —quien no cae, resbala—, pero en realidad es el Palacio de Justicia, sede del Órgano Judicial y sus cuatro estamentos: Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa y Financiera. Sin embargo, no escribiré sobre la podredumbre de la administración de justicia en ese ‘templo’, ya que los rankings de corrupción elaborados por organismos internacionales —que evalúan la administración pública—, sitúan al Órgano Judicial, junto a la Policía Nacional, como los primeros de una vergonzosa lista, y me eximen de seguir ahondado sobre el tema.

Tampoco escribiré sobre el pequeño y sucio mercado en el que se ha convertido el ingreso hacia el lugar donde se hace justicia. Los vendedores de somó, empanadas, frutos secos, códigos piratas, pastillas, papas fritas, refrescos, tarjetas prepago, mochilas o agendas son parte del paisaje urbano, junto a los lustrabotas y cambistas que buscan clientes entre abogados litigantes y sufridos ciudadanos, con fólderes de decenas de papeles bajo el brazo.

Una vez más, con conocimiento de causa, pero, además, con comprobado sufrimiento físico en las rodillas, sí puedo asegurar que la justicia en Santa Cruz de la Sierra es —literalmente— “cuesta arriba”. Las miles de personas que tienen que hacer algún trámite judicial deben encarar, con mucha entereza, fuerza y resignación las interminables gradas de este inmueble, que se convierte en parte del viacrucis de quien tiene la desdicha de ‘resbalar’ en el insufrible sistema judicial boliviano.

Existen designados tres ascensores —con capacidad para ocho personas— para atender al público que quiere evitar los difíciles escalones. Una cinta plástica amarilla en las puertas de ingreso de la planta baja, sobre uno de ellos, señala claramente que hace mucho tiempo atrás está fuera de funcionamiento. El otro es ocupado, intercaladamente, para transportar a los detenidos y encausados con custodia policial. En las puertas del último que queda libre se forma una interminable fila de personas que —estoicamente— esperan su turno para que los transporten a algún piso cercano al juzgado donde se dirigen. En este mismo acceso se forma otra cola con adultos mayores, embarazadas y personas con algún impedimento físico. He sido testigo —al calor de la impaciencia y la impotencia que provoca la larga espera—, de rencillas entre las dos filas para determinar cuántas personas, de cada fila, deberían subir para dar mayor celeridad al proceso. Además de estos tres ascensores, existen otros dos destinados para jueces, fiscales, secretarios, asistentes, procuradores y casi un millar de funcionarios que trabajan en el palacio. No lo he visto, pero me han informado que hay otro ascensor que une el subsuelo directo con el piso de presidencia.

Como una prueba a mi resistencia física, subí todos los escalones hasta el decimoctavo piso. En cada descanso me detenía no solo a tomar un respiro, sino a conversar con ciudadanos cabreados al ser maltratados de esta manera. Uno de ellos —sin perder el humor—, me dijo: “En las paredes externas de esta mole, al letrero que dice ‘Dios ilumine al hombre para que en este templo se haga justicia’, deberían aumentarle, … pero que no sea cuesta arriba”.

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